En el marco del Día Internacional de las Naciones Unidas en apoyo a las Víctimas de Tortura, la doctora Susana Méndez Arellano, participó en el Foro “México sin tortura 2025” convocado por la Comisión de Bienestar, Derechos Humanos, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos del Congreso del Estado de Nuevo León.
Además se dictó la conferencia: “La tortura ante desafíos globales y locales: tutela multinivel de los derechos humanos frente al crimen en México”, a cargo del Dr. Rogelio López Sánchez.
Desde la CEDHNL, reconocemos que hablar de tortura no es un ejercicio fácil. Implica una realidad incómoda, dolorosa y, en muchos casos, invisibilizada. Pero su omisión es cómplice, y la indiferencia permite la impunidad.
Por ello, “a través del Mecanismo Estatal de Prevención de la Tortura, nuestra Comisión realiza visitas periódicas a centros de detención, cárceles, separos, centros de atención psiquiátrica, casas hogar y otros espacios donde las personas se encuentran privadas de su libertad. Ahí entrevistamos a personas detenidas y al personal responsable, documentamos condiciones de riesgo, elaboramos informes, emitimos recomendaciones, y capacitamos a funcionariado público”, puntualizó Méndez Arellano.
Estas acciones están alineadas con los principios del Protocolo Facultativo y con el trabajo del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, con quienes mantenemos una estrecha colaboración.
A partir del trabajo institucional, hemos advertido que la tortura no es una práctica erradicada. Sigue ocurriendo y sigue dañando.
Entre enero de 2020 y el 31 de mayo de 2025, la CEDHNL integró 221 expedientes de queja por posibles actos de tortura, que involucran a 241 personas agraviadas, la mayoría de ellas en contextos de detención y con señalamientos dirigidos principalmente hacia autoridades de seguridad pública estatales y municipales.
Las víctimas de tortura no solo enfrentan el menoscabo físico o psicológico, sino también están expuestas a la re victimización institucional, la falta de acceso efectivo a la justicia, la ausencia de medidas de reparación adecuadas, y en algunos casos, el estigma de criminalización.