Monterrey
La dependencia estatal reafirma su compromiso de seguir ampliando y fortaleciendo estos servicios en todos los Centros de Reinserción Social del estado, trabajando para que se respeten los derechos humanos y se ofrezca un trato digno a todas las personas, promoviendo la igualdad y la inclusión dentro del sistema penitenciario.
Monterrey, Nuevo León.-. La Secretaría de Igualdad e Inclusión a cargo de Martha Herrera ha brindado más de 30,533 servicios en los Centros de Reinserción Social de Nuevo León, atendiendo a 5,920 personas privadas de la libertad.
Gracias a la estrategia permanente La Nueva Ruta, se han acercado diversos apoyos que buscan mejorar la calidad de vida y las oportunidades para quienes se encuentran en estos centros.

Entre los servicios proporcionados destacan asesorías jurídicas, atención médica general y dental, así como exámenes de la vista con entrega de lentes para quienes lo requieren. También se han entregado aparatos auditivos y equipos de movilidad para personas con discapacidad, además de realizar escáneres mamarios para la detección oportuna de enfermedades en mujeres privadas de la libertad. Se han entregado kits de higiene personal, facilitando el acceso a productos básicos de cuidado.
Además, la Secretaría ha apoyado en la expedición de actas de nacimiento y otros trámites civiles esenciales para que las personas privadas de su libertad cuenten con su documentación en regla.

En coordinación con el Sistema Estatal de Educación para los Adultos (COSEA), se ha logrado impulsar a 2,146 personas para presentar el examen de certificación en educación básica, con la intención de ampliar la oferta educativa para que puedan continuar sus estudios en niveles medios y superiores dentro de los penales.

Estos servicios se han brindado de manera continua gracias a la colaboración estrecha entre la Secretaría, el sistema penitenciario y diversas organizaciones de la sociedad civil que trabajan en conjunto para atender a esta población. El objetivo principal es garantizar que todas las personas privadas de la libertad tengan acceso a oportunidades de salud, educación y apoyo social, contribuyendo a su proceso de reinserción social.