Ciudad de México
Octubre 31 (XPFM). –Altos funcionarios de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) estarían realizando conductas delictuosas, al exigir un pago multimillonario a la Federación Mexicana de Natación (FMN), que en 2021 la propia ASF confirmó por escrito que es improcedente .
Ignorando sus propias Auditorias Finales y violando su Ley y Atribuciones, la ASF estaría buscando el “cobro indebido”, en el caso penal contra el Presidente de la FMN, Kiril Todorov.
Tras la audiencia del pasado 30 de junio en el Reclusorio Norte, se descubrió una grave contradicción en la causa penal 58/2021, que apunta a una actuación potencialmente delictiva por parte de altos mandos de la ASF.
La actuación de la ASF podría constituir posibles delitos de ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad y falsedad en declaraciones judiciales.
Documentos clave de la causa penal, obtenidos por XPectroFM, revelan que la ASF pretende forzar un cobro millonario, sosteniéndose como “víctima indirecta” de un daño patrimonial que la propia institución negó oficialmente hace años.
Intenta ASF cambia su declaración
Actualmente, la Dirección General Jurídica de la ASF, Luisa María Moreno Cárdenas, ha interpuesto un recurso de revisión (ligado al amparo 373/2024-III) buscando ostentarse como víctima para poder exigir una reparación del daño.
Sin embargo, esta postura es diametralmente opuesta a la conclusión oficial de la misma ASF, emitida mediante el oficio DGAFFC/27190/2021 del 2 de marzo de 2021, al que la Unidad de Investigaciones Especiales de XPectroFM tuvo acceso.
En ese documento, firmado por el entonces director general Jurídico, Heladio Ramírez Pineda (ya cesado), la ASF informó categóricamente al Ministerio Público que, tras revisar sus auditorías:
“NO SE EMITIERON DENUNCIAS” contra la Federación Mexicana de Natación (FMN) citó Heladio Ramírez Pineda en 2021.
Y que “No se cuenta con elementos relacionados con la investigación por la distracción de recursos federales, por lo que no habría lugar a comparecer al respecto”.
Es decir, en 2021, la máxima autoridad fiscalizadora del país determinó que no existía daño que perseguir y se negó a participar como parte acusadora en el proceso contra Kiril Todorov y la FMN.
Ahora de manera sospechosa, además de contravenir sus propios actos y constancias procesales, la ASF busca un “cobro de lo indebido”, encendiendo las alarmas sobre la legalidad de la actuación de los actuales funcionarios.
¿Qué dice la Ley?
Un análisis de la legislación federal vigente sugiere que esta conducta podría encuadrar en graves delitos de servidores públicos.
Estarían incurriendo en el delito de “Ejercicio Ilícito del Servicio Público”, el cual es cometido por un servidor público que, al rendir informes o ejercer su cargo, afirmar hechos falsos, ocultar la verdad o incumplir la ley en el desempeño de sus funciones, afecta la legalidad y la imparcialidad del servicio.
También se estaría incurriendo en “Abuso de Autoridad”: Se configura cuando el servidor público ejerce sus atribuciones de forma indebida, ordena actos arbitrarios o lesiona los derechos de personas, aprovechándose de su cargo.
Otro delito en el que se incurriría es “Falsedad en Declaraciones Judiciales”, el cual ocurre cuando alguien (servidor público o particular) declara falsamente sobre hechos en un proceso judicial, causando perjuicio a otro y atentando contra la administración de justicia.
En este caso, la postura de la directora jurídica, retomando las acciones que en su momento inició Heladio Ramírez Pineda (quien fue despedido y es investigado en la actualidad), rompería la buena fe procesal y pone en entredicho la legalidad de la actuación de la ASF en este caso.
El Principio de Definitividad Violado
Uno de los ejes de la controversia con esta nueva situación, es el principio de definitividad. La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF) es clara: las revisiones de la ASF a los ejercicios fiscales anuales son actos de autoridad que concluyen y definen una situación.
Además, al contradecir sus propios actos firmes para inducir a error a los jueces, los funcionarios podrían incurrir en diversos delitos al exceder las atribuciones conferidas por el Congreso a la ASF.
La Cámara de Diputados es la encargada de analizar la actuación de la ASF
La ASF es un órgano técnico dependiente de la Cámara de Diputados, no una agencia de cobro autónoma. Al actuar contra sus propios informes definitivos, la Directora Jurídica parece ignorar la autoridad que le dio sus facultades.
La encargada de supervisar la actuación de la ASF es la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Honorable Cámara de Diputados.
Ante esta dichas irregularidades de la actual administración de la ASF, dicha comisión de vigilancia es la facultada para revisar la actuación de la directora jurídica y otros funcionaros del máximo órgano fiscalizador del país, y de analizar si se está comprometiendo la legalidad y su credibilidad.