Monterrey, NL
La Diputada local del PRI, Gabriela Govea López propuso incorporar al Código Penal el delito de fraude automotriz, para sancionar a quien, sin autorización legal, ofrezca vehículos o financiamientos y reciba anticipos o mensualidades sin entregar el automóvil en el tiempo pactado y sin causa justificada.
La reforma al Código Penal adiciona el articulo 391 Bis para establecer una pena de cuatro a doce años de prisión, además de una multa de mil a diez mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
“En el Código Penal también se contemplan agravantes cuando para cometer el ilícito se utilicen oficinas simuladas, se emplee publicidad digital de los créditos, la conducta se realice de manera sistemática o se amenace o coaccione a quienes denuncien”, señaló.
Govea López también propuso reformas al articulo 45 Bis y 45 Bis 1 de la Ley de Protección a los Consumidores para establecer mayores controles para quienes participan en la comercialización y financiamiento de vehículos.
“Estas prácticas han derivado en afectaciones económicas graves para cientos de familias y en una carga significativa para las autoridades investigadoras”, señaló Govea López al momento exponer en tribuna su iniciativa.
“La propuesta contempla establecer la obligación de que las personas físicas o morales que ofrezcan vehículos, financiamiento automotriz o planes de pago cuenten con un registro vigente ante la autoridad financiera competente”, detalló.
Asimismo, la legisladora resaltó que se busca prohibir la oferta de créditos automotrices sin la autorización correspondiente y considerar como práctica abusiva la simulación de convenios con agencias o plataformas de venta.
“La ausencia de regulación específica y la falta de controles administrativos eficaces han permitido que estas empresas operen con impunidad y movilidad, afectando la confianza ciudadana en el mercado automotriz y vulnerando derechos fundamentales de los consumidores”, afirmó.
“Ante la magnitud del problema y la reiteración de los casos, resulta indispensable establecer mecanismos que permitan prevenir estas conductas, fortalecer la supervisión y garantizar una mayor seguridad jurídica para quienes realizan operaciones relacionadas con la adquisición de vehículos”, sostuvo.
La legisladora destacó que la reforma busca cerrar espacios de impunidad y evitar que empresas fraudulentas aprovechen vacíos de regulación para captar recursos de las familias.