Monterrey, NL
Representantes de la academia, la salud mental, los derechos humanos, colectivos de familias y el Congreso del Estado denunciaron una severa omisión institucional que perpetúa la discriminación y exclusión de infancias neurodivergentes y con discapacidad en el sistema educativo público y privado.
Ello en el marco del panel “Sanción y castigo a las instituciones educativas no inclusivas”, perteneciente al ciclo Diálogos de Poder.
El encuentro visibilizó la urgencia de aplicar sanciones punitivas reales y entregar la reglamentación pendiente en la entidad.
Durante la jornada, Cecia González Avendaño, secretaria técnica del mecanismo de monitoreo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL), reveló que la Secretaría de Educación Estatal tiene pendientes de entrega tres documentos normativos clave exigidos por la ley: el Reglamento Operativo de la Ley, el Protocolo de Educación Inclusiva y el Plan de Transición del sistema educativo.
González Avendaño confirmó que el organismo defensor emitió un requerimiento formal a las autoridades para conocer el estatus de dichos instrumentos, advirtiendo que, aun ante la ausencia de estos manuales, las obligaciones constitucionales de proteger, investigar y sancionar cualquier violación a los derechos fundamentales de la niñez se mantienen plenamente vigentes.
La discusión técnica se profundizó con la referencia de un estudio centrado en jóvenes con discapacidad intelectual que completaron toda su educación básica.
El informe alertó que el 87.7% de los estudiantes egresaron de la secundaria siendo analfabetos o con analfabetismo funcional, habiendo recibido certificados de trámite sin haber garantizado su derecho efectivo a aprender.
A este panorama se sumó la denuncia sobre la inexistencia de equipos multidisciplinarios y unidades de apoyo psicopedagógico en las escuelas públicas y particulares, así como el testimonio de familias que enfrentan hasta cuatro años con expedientes congelados en el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación tras sufrir sus hijos acoso y agresiones en las aulas.
Al abordar la viabilidad de las reformas, el Dr. Rodolfo Guillermo A. Flores Briseño, especialista en genética e inclusión, denunció que el presupuesto para educación especial sufrió una reducción drástica a menos del 1% del gasto educativo, situándose cerca del 0.3%. Flores Briseño enfatizó que ninguna legislación será efectiva sin partidas presupuestarias específicas e inamovibles que sustituyan la ambigua cláusula de “disponibilidad presupuestaria”.
Asimismo, junto a Brenda Sofía Cruz Guzmán, psicóloga de la Asociación Regiomontana de Niños Autistas (ARENA), y Maribel Ramos Gómez, del colectivo Educación Sin Barreras NL, se urgió a abandonar el paradigma estrictamente clínico para adoptar un enfoque de derechos humanos y barreras de aprendizaje, eliminando la figura precarizadora de la “maestra sombra” para dar paso a maestros de apoyo orientados a la conducta y la socialización.
Desde el ámbito parlamentario, la diputada local Grecia Benavides Flores, representante de Morena, reconoció la parálisis institucional provocada por la disputa política estatal y se comprometió a solicitar cuentas al secretario de Educación durante la Glosa del Informe Ejecutivo en el Congreso, fiscalizando la inacción del Órgano de Control frente a las quejas archivadas.
Por su parte, la diputada Sandra Elizabeth Pámanes Ortiz, coordinadora de Movimiento Ciudadano, reiteró que la Ley de Educación de 2026 fija las bases para sancionar a los planteles con multas y la revocación del Registro de Validez Oficial de Estudios (RVOE), subrayando que el Poder Ejecutivo dispone de un plazo que vence en octubre para publicar los protocolos definitivos.