Ciudad de México
Financiar irregularmente una campaña puede convertirse en una inversión de corto plazo, con grandes beneficios y pocos riesgos, debido a la posibilidad de obtener cargos y contratos públicos y a la falta de consecuencias efectivas, sostuvo María Amparo Casar, presidenta ejecutiva de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Durante su conferencia en el XV Seminario de la Red por la Rendición de Cuentas, “Las amenazas de la corrupción en el proceso electoral”, realizado en la Universidad de Guadalajara, la investigadora advirtió que el acceso al poder permite disponer de recursos para recompensar a quienes contribuyeron al triunfo.
“Es un negocio muy rentable”, expresó al explicar los incentivos que encuentran particulares y operadores políticos para invertir en una candidatura.
Casar retomó la definición de Mauricio Merino sobre la corrupción como captura del Estado mediante el reparto de puestos y presupuestos. Desde esa perspectiva, señaló, el problema abarca tanto la apropiación de dinero como el aprovechamiento del poder político para beneficiar a intereses particulares.Explicó que los cargos, los contratos y los recursos gubernamentales pueden utilizarse para retribuir a partidarios, donantes, amigos y familiares. La inversión electoral adquiere así una expectativa de ganancias que se materializa una vez que los candidatos llegan al gobierno.
Frente a esos incentivos, sostuvo, los mecanismos de control resultan determinantes. Mencionó los servicios civiles de carrera, los congresos plurales, un sistema judicial que funcione y una sociedad civil con acceso a la información como límites al reparto discrecional de los recursos públicos.La investigadora recordó casos de presunto financiamiento irregular relacionados con distintas fuerzas políticas, entre ellos Monex, vinculado con el PRI, y las investigaciones sobre recursos destinados a damnificados en las que aparecieron operadores de Morena.
Cuestionó que las denuncias y la documentación de irregularidades no se traduzcan en consecuencias suficientes para desalentar esas prácticas. El problema, planteó, persiste cuando quienes hacen trampa conservan la posibilidad de acceder al poder y distribuir sus beneficios.
También dirigió sus críticas al Instituto Nacional Electoral por lo que considera una renuncia a sus responsabilidades de vigilancia.
“Tenemos un árbitro que no arbitra”, afirmó, y advirtió sobre el riesgo de que los comicios de 2027 sean cuestionados por la corrupción.
Casar señaló que la intervención del crimen organizado añade una amenaza a la competencia política. A los recursos de origen irregular y al uso electoral del dinero público se suma un actor que puede recurrir a la violencia para influir en las candidaturas y en la disputa por los cargos.
La especialista vinculó la corrupción electoral con el posterior debilitamiento de las instituciones capaces de controlar a los gobernantes. Bajo esa lógica, quienes llegan al poder mediante prácticas irregulares pueden buscar reducir los mecanismos que permitirían investigarlos o exigirles cuentas.
Ante ese escenario, propuso explicar el combate a la corrupción a partir de sus costos concretos para la población y de sus efectos en la vida cotidiana.“Hay que combatirla porque nos conviene combatirla”, sostuvo.
Casar llamó a mantener el trabajo de investigación y documentación desde las organizaciones civiles y los espacios académicos, para hacer visibles las redes de intereses que conectan el financiamiento de las campañas con el ejercicio del gobierno.