Ciudad de México
A partir de este año, todo el concreto premezclado utilizado en desarrollos de vivienda deberá cumplir con estándares obligatorios de calidad y certificación con base en el convenio que firmaron la Asociación Mexicana de la Industria del Concreto Premezclado (AMIC) y la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI) y que establece controles más estrictos para garantizar materiales más resistentes, optimizar costos y reducir el impacto ambiental de la construcción.
“Esta alianza es un paso decisivo para la industria de la vivienda en México. La certificación del concreto premezclado no solo garantizará construcciones más seguras y duraderas, sino que también permitirá mayor eficiencia en costos y menos desperdicio de materiales”, destacó Luis Alberto Moreno Gómez Monroy, presidente de CANADEVI.
Por su parte, Rodrigo Córdoba García, presidente de AMIC, señaló que “el concreto es la base del desarrollo y de la construcción en México. Con este convenio, aseguramos que cada vivienda construida en el país cuente con materiales de la más alta calidad, reduciendo riesgos estructurales, mayor seguridad en las construcciones y promoviendo el uso de tecnologías más limpias y sustentables”.
La implementación de este convenio beneficiará directamente a los compradores de vivienda al establecer criterios claros de calidad, reducir costos por desperdicio de insumos y mejorar la confianza y eficiencia en los procesos constructivos. Al garantizar que solo se utilice concreto certificado, se fortalecen las bases de una industria más profesional y competitiva.
Los líderes de las dos asociaciones destacaron que este convenio es trascendental porque el concreto premezclado se usa en el 100% de las viviendas industriales construidas en México, y su profesionalización es fundamental para alcanzar las metas establecidas.
Con una vigencia inicial de un año, el convenio prevé la incorporación gradual de sus lineamientos a lo largo de 2025, con metas concretas en certificación de desarrolladores y reducción de desperdicios.
El convenio también contempla la colaboración con autoridades locales y federales para alinear las regulaciones del sector con los objetivos de desarrollo urbano sostenible. Esto permitirá una mayor transparencia en la cadena de suministro, mejores prácticas en licitaciones de obra pública y un impulso a la modernización de normativas de construcción en México.