Se acudirá a la Suprema Corte por la invasión de facultades.
STAFF Monterrey
El Decreto 196 en donde se eliminan facultades del Ejecutivo de Inteligencia Financiera para transferirlas a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León que aprobó la bancada legislativa del PRIAN, se trata de un blindaje a la corrupción de esos partidos políticos, por lo que el gobernador Samuel García peleará con una controversia constitucional.
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un nuevo plazo de 15 días hábiles para que el gobernador de NL acate la resolución, de transferir la Unidad Especializada en Inteligencia Financiera a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.
Es por ello que han estado ejecutando acciones que tiendan a quitar facultades al Ejecutivo, sobre todo aquellas que implique revisión de conductas que pudieran resultar ilegales.
En su oportunidad se interpondrá Controversia Constitucional contra la invasión de facultades del Legislativo, hacia los asuntos del Ejecutivo, a fin de que la Suprema Corte resuelva lo conducente al Decreto 196, ya que como la misma Sala resolvió en su sentencia dejó abierta la posibilidad del Ejecutivo a impugnar esa invasión de facultades al establecer: “…esta Primera Sala no prejuzga sobre la validez o invalidez del decreto 196 aprobado en la quinta sesión extraordinaria celebrada el quince de junio de dos mil veintidós, pues ello no es materia de impugnación en la presente controversia constitucional,…”.
Dicho acto lo realizaron también el PRIAN en el Estado de Tamaulipas a días del cambio de gobierno en el año 2022, para blindar al Gobernador saliente.
La eliminación de facultades al Ejecutivo, para trasladarlas a la Fiscalía resulta ilegal, basta recordar que la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno Federal se encuentra dependiendo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con quien desde el año 2020 se tiene celebrado un convenio entre el Gobierno de Nuevo León y el Gobierno Federal para el intercambio de información, enfocados en la investigación de hechos presumiblemente ilícitos, por lo cual resulta evidente que el Congreso quiere obstaculizar el combate a la delincuencia.