Monterrey
La Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Nuevo León realizó la primera capacitación en seguimiento a las acciones que se encuentra realizando para proteger y garantizar la libertad de expresión de las personas periodistas.
La Presidenta de la CEDHNL, Susana Méndez Arellano explicó el Organismo Público Autónomo emprendió acciones para promover un protocolo de coordinación interinstitucional para la protección de personas periodistas y defensoras de derechos humanos, logrando el apoyo de un proyecto de cooperación internacional auspiciado por USAID para brindar colaboración técnica y capacitación en el Estado de Nuevo León.
La primera sesión denominada “Blindaje Jurídico”, contó con la asistencia de los representantes de diversos medios de comunicación y periodistas independientes, quienes utilizaron este espacio para compartir experiencias y realizar diversos cuestionamientos.
En esta reunión se les entregó la “Guía para la Defensa Legal de Personas Periodistas”, con el objetivo de que adquieran herramientas que les permitan realizar su labor con protecciones jurídicas.
Temas como, la libertad de expresión, derechos y responsabilidades se analizaron por las personas asistentes a quienes se les explicó cómo se debe manejar la información en hechos que involucran víctimas de delitos o violaciones a derechos humanos.
También se analizaron las leyes que amparan a las personas periodistas para realizar periodismo libre en México, así como las medidas de protección pueden solicitar las personas periodistas con motivo de su trabajo; el uso de fuentes, datos sensibles, susceptibilidad a demandas. Además se analizaron las diferencias entre calumnia, daño moral, difamación e injuria y cómo evitar que las personas periodistas que les demanden por daño moral.
A través del programa PDP (Protection of Human Rights Defenders and Journalists), auspiciado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Institucional (USAID), se pudieron llevar a cabo reuniones de trabajo con la Fiscalía General de Justicia del Estado, la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno del Estado, así como con diez municipios, que expresaron su interés y apertura de coordinar trabajos en esta materia.
