Monterrey
El derecho a la libre manifestación está siendo vulnerado en Nuevo León. El pasado 19 de abril, durante una protesta pacífica frente al Palacio de Gobierno para exigir un transporte digno, un ciudadano fue detenido arbitrariamente por elementos de Fuerza Civil, sin orden judicial, sin causa informada y sin dar a conocer su paradero.
Más tarde se confirmó, a través del Registro Nacional de Detenciones, que se trataba de Luis Castillo Pérez, quien fue trasladado a una instalación de la Fiscalía General del Estado, sin que se registrara el motivo de su detención.
De manera extraoficial, se filtró un reporte interno de Fuerza Civil que acusa a Luis de “agredir a cuatro oficiales” y lo vincula con presuntos delitos como daños, robo, agresión y resistencia a la autoridad. Este tipo de señalamientos, tras una detención irregular, representan un intento burdo de criminalizar la protesta social y confundir a la opinión pública.
Este hecho no es aislado: forma parte de una estrategia represiva diseñada para castigar a quienes alzan la voz y sembrar miedo entre quienes exigen lo mínimo. Mientras ciudadanos son detenidos por ejercer sus derechos, varios miembros del gabinete estatal, incluido el gobernador, tienen sentencias firmes por delitos como corrupción y uso indebido de recursos públicos, y siguen impunes, protegidos por amparos y maniobras legales que bloquean el acceso a la justicia.
Desde CADHAC exigimos:
– La presentación inmediata del ciudadano detenido y la garantía plena del derecho a manifestarse sin represalias.
– A la Fiscalía General del Estado: que sancione el uso excesivo de la fuerza y se abstenga de encubrir violaciones a los derechos humanos.
– Al Congreso del Estado: que asuma su responsabilidad y emita o dicte la sanción que corresponda conforme a la ley.
Protestar no es un delito. Reprimir sí lo es. Y encubrir también.