Monterrey
Ante la preocupante situación ambiental que enfrenta nuestra entidad, la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Nuevo León convocó a una jornada de reflexión sobre el derecho humano a un medio ambiente sano, en la que se contó con la participación del Ing. Carlos Álvarez Flores, presidente de la organización México, Comunicación y Ambiente, A.C., y reconocido defensor ambiental con más de 30 años de trayectoria.
El especialista impartió la conferencia magistral “Afectaciones y desafíos en el derecho a un medio ambiente sano”, en la que expuso datos contundentes sobre la contaminación atmosférica, la omisión de autoridades y las graves consecuencias en la salud pública. Desde el inicio, el Ing. Álvarez fue enfático: “Todas nuestras normas ambientales son letra muerta. Nadie cumple, ni en emisiones, ni en agua, ni en residuos. Ni a nivel federal ni local”.
Durante la inauguración del evento, la Presidenta de la CEDHNL, Dra. Susana Méndez Arellano, señaló que esta jornada representa un paso relevante en la construcción de estrategias jurídicas, sociales y ambientales en defensa de este derecho fundamental. “El medio ambiente no es un lujo: es una condición previa para el ejercicio de otros derechos como la salud, la educación o una vida digna”, indicó. Además, remarcó el papel que debe asumir el sector empresarial a través del programa de empresas y derechos humanos impulsado por la Comisión, con énfasis en su corresponsabilidad ambiental.
“Resulta preocupante saber que más de 5 millones de personas de la zona metropolitana de Monterrey enfrentan una exposición crónica a sustancias químicas tóxicas debido a los altos niveles de contaminación atmosférica, lo cual genera graves consecuencias para su salud” declaró la Ombudsperson.
Impacto en la salud pública:
La Organización Mundial de la Salud estima 7 millones de muertes prematuras al año por contaminación ambiental.
Para Nuevo León, se proyectan más de 5,000 muertes anuales asociadas a partículas PM2.5.
Señaló la exposición crónica al plomo como un riesgo especialmente grave en la niñez, reduciendo significativamente el coeficiente intelectual.
Costos económicos:
El INEGI estima que la degradación ambiental costó al país más de 1 billón de pesos en 2023.
De esa cifra, más de 800 mil millones se deben directamente a la contaminación generada por actividades humanas.
Fallas estructurales en monitoreo y regulación:
La red de monitoreo ambiental en el estado fue calificada como insuficiente y opaca.
Se requieren al menos 14 estaciones adicionales para cumplir con los parámetros establecidos por la OMS.
La falta de monitoreo en tiempo real impide detectar picos de contaminación y activar contingencias oportunas.
Fuentes de emisiones no reguladas:
Identificó como principales emisores a pedreras, refinerías, cementeras, rellenos sanitarios, la quema de pastizales y el parque vehicular.
Reclamó la ausencia de un programa obligatorio de verificación vehicular en Nuevo León, pese a que está previsto en la ley.
La Presidenta de la CEDHNL también hizo referencia a las recientes contingencias ambientales registradas en la Zona Metropolitana de Monterrey, así como a las condiciones críticas en municipios como Cadereyta y García. “No se trata de una amenaza futura, sino de una crisis presente que vulnera ya los derechos de miles de personas”, afirmó.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León reitera su compromiso con la protección del medio ambiente como un derecho humano indispensable y hace un llamado urgente a las autoridades, empresas y ciudadanía a actuar con responsabilidad, transparencia y coordinación. Nuestro organismo continuará impulsando espacios de análisis, exigencia y colaboración institucional, con la finalidad de construir un futuro sostenible para todas las personas.