Monterrey, NL

Con el propósito de garantizar que las niñas y los niños recién nacidos que sean diagnosticados con hipoacusia – disminución de la capacidad auditiva – tengan acceso gratuito a implantes cocleares, la Diputada local del PRI, Armida Serrato Flores, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Estatal de Salud.

La propuesta que fue entregada ante la Oficialía de Partes, plantea que, una vez que mediante el tamiz auditivo neonatal se detecte que un bebé presenta pérdida de la capacidad auditiva, el Estado, a través de la Secretaría de Salud garantice la colocación gratuita de un implante coclear cuando sea médicamente viable.

“Lo que buscamos es poner en la ley que el Estado brinde, a través del presupuesto estatal y de la Secretaría de Salud, estos implantes cocleares a los bebés que así lo requieran. Ahora estamos cerrando la pinza. Tú ya tienes el diagnóstico dentro del tamiz neonatal y ahora necesitamos el implante coclear”, enfatizó.

“Estos implantes cocleares tienen un costo aproximado que va desde los 350 mil hasta los 700 mil pesos”, señaló.

La propuesta contempla adicionar disposiciones a la fracción V del artículo 25, de la Ley Estatal de Salud.

La legisladora que forma parte de la Comisión de Salud en el Poder Legislativo, advirtió que muchas familias enfrentan una situación complicada después de recibir el diagnóstico porque no cuentan con los recursos económicos para acceder al tratamiento.

“Muchas veces el recién nacido al que se le detecta la hipoacusia se va a su casa con un diagnóstico, pero sin saber qué hacer. Las familias tienen que recurrir a campañas mediáticas, a redes sociales e incluso a boteos para reunir una cantidad que, para la mayoría de la población está fuera de su alcance”, refirió.

La Diputada destacó que esta iniciativa complementa una reforma aprobada anteriormente por el Congreso local, mediante la cual se estableció la obligación de realizar el tamiz auditivo neonatal tanto en hospitales públicos como privados.

Serrato Flores recordó que anteriormente esta prueba se realizaba principalmente en hospitales privados, pero con la modificación se amplió su obligatoriedad al sector público.

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