Nuevo León
La reforma en materia de robo equiparado para vehículos arrendados no devueltos, impulsada por el Diputado de Movimiento Ciudadano, José Luis Garza; ya es una realidad en Nuevo León, consolidando al estado como referente nacional en la protección del arrendamiento vehicular y en el combate a las prácticas fraudulentas que afectan tanto al sector como a la ciudadanía.
El legislador, en conjunto con representantes de la Asociación Mexicana de Arrendadoras de Vehículos (AMAVe), integrantes del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano y autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado destacaron la importancia de este resultado del trabajo coordinado entre autoridades y sector privado.
“Esta iniciativa ya fue publicada en el Periódico Oficial del Estado, con lo que se convierte formalmente en ley… Nació a partir de una reunión con la Asociación Mexicana de Arrendadoras de Vehículos, en la que identificamos un vacío legal que estaba siendo aprovechado por quienes delinquen. A través del arrendamiento vehicular, algunas personas obtenían vehículos de buena fe, no los devolvían y posteriormente los desmantelaban para vender sus autopartes o los comercializaban con documentación falsificada.
Esto no solo genera pérdidas millonarias para las empresas arrendadoras, sino que también ocasiona un grave daño patrimonial a la ciudadanía de Nuevo León. Los vehículos robados son vendidos al público con papeles alterados, lo que provoca que ciudadanos de buena fe adquieran automóviles o autopartes aparentemente a buen precio, utilizando incluso sus ahorros o créditos, sin saber que se trata de bienes robados”, dijo.
Por su parte, Fernando Noriega, presidente de la Asociación Mexicana de Arrendadoras de Vehículos (AMAVe), reconoció el trabajo legislativo realizado en Nuevo León y aseguró que la aprobación de esta reforma coloca al estado como un referente nacional en materia de protección patrimonial y combate a este tipo de delitos.
“Hoy Nuevo León vuelve a poner el ejemplo a nivel nacional al construir un marco legal que garantice que las herramientas y los vehículos destinados al desarrollo no sean utilizados para delinquir. Desde este espacio, invitamos a las legislaturas de otros estados a sumarse a este esfuerzo”, señaló.
En representación de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Michael Gustavo Núñez Torres, Director General de Derechos Humanos y Análisis Normativo de la Vicefiscalía Jurídica, resaltó la importancia del consenso alcanzado entre los distintos actores involucrados, al señalar que las mejores leyes son aquellas que se construyen a través del diálogo, la colaboración institucional y la participación ciudadana.
“La Fiscalía celebra que se nos tome en cuenta en estos procesos legislativos. Cuando se unen el conocimiento técnico con el trabajo político, entendido en el sentido más noble de la palabra, se obtienen grandes resultados.
Las leyes construidas de manera reflexiva y con sensibilidad institucional permiten atender las necesidades reales de la ciudadanía. También es importante reconocer y presumir las cosas buenas que suceden en nuestras instituciones y fortalecer la confianza en ellas”, concluyó.