Monterrey, Nuevo León
La reforma al Poder Judicial de Nuevo León debe construirse con la participación de instituciones académicas, organismos empresariales y organizaciones de la sociedad civil para garantizar su independencia y evitar que responda a intereses políticos, afirmó Javier Navarro Velasco, coordinador del Gabinete de Buen Gobierno del Estado.
Al participar en la charla “La Justicia de Nuevo León ¿Rezagada?”, organizada por Letras de Poder en el Centro de Incubación de Empresas y Transferencia de Tecnología (CIETT) de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Navarro sostuvo que la entidad tiene la oportunidad de diseñar una reforma acorde con su realidad económica, social y jurídica.
“Estos cambios a nuestro sistema judicial tienen que estar pensados en función de los requerimientos de los nuevoleoneses. Una reforma norteña que se base en nuestra realidad”, señaló.
El funcionario recordó que Nuevo León acumula más de 570 días de retraso en la armonización de la reforma judicial local respecto al plazo constitucional establecido, por lo que consideró necesario acelerar los trabajos legislativos para evitar rezagos que afecten la certeza jurídica del estado.
Navarro advirtió que la impartición de justicia no debe quedar sujeta únicamente a mecanismos de selección aleatoria.
“Estamos hablando de decisiones que impactan la vida de las personas, las familias y las empresas. La selección de jueces y magistrados debe garantizar experiencia, capacidad y principios éticos”, expresó.
En ese sentido, respaldó la iniciativa impulsada por el Centro de Estudios de Derecho (SEAD), junto con organismos como CAINTRA, Coparmex y el Consejo Cívico, que propone un sistema de evaluación integral para quienes aspiren a ocupar cargos dentro del Poder Judicial.
La propuesta contempla valorar conocimientos jurídicos, experiencia profesional, principios éticos, capacidad de administración de recursos y personal, así como evaluaciones psicológicas.
Además, plantea que el proceso de selección sea supervisado por un organismo independiente integrado por universidades y representantes de la sociedad civil.
Navarro también señaló que el rezago en materias como justicia penal, familiar y juicios de amparo afecta directamente a los ciudadanos y a la competitividad económica de la entidad.
Asimismo, alertó sobre los riesgos que implica la injerencia política en el Poder Judicial y llamó a construir un modelo que fortalezca la autonomía de los juzgadores y la confianza ciudadana en las instituciones.
Respecto al uso de nuevas tecnologías, indicó que la inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta de apoyo para agilizar procesos administrativos y jurídicos, aunque subrayó que nunca sustituirá el criterio, la experiencia ni la sensibilidad humana necesarias para impartir justicia.
Finalmente, sostuvo que una reforma judicial sólida, consensuada y adaptada a las necesidades de Nuevo León será clave para mantener la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros en una entidad que continúa posicionándose como uno de los principales destinos de inversión del país.
