Monterrey, NL
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL), por conducto de su Unidad de Asuntos Jurídicos, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción contra el Comisario General de la Agencia de Administración Penitenciaria, César Daniel Ramírez Acevedo, y contra quien resulte responsable, por hechos que podrían constituir el delito de abuso de autoridad.
La denuncia deriva de los hechos ocurridos el 7 de agosto de 2026, cuando personal del organismo acudió al Centro de Reinserción Social Femenil para atender el caso de una mujer privada de la libertad con resultado positivo a tuberculosis.

Sin embargo, se le impidió el ingreso sin que la autoridad penitenciaria fundara ni motivara su decisión.
La Ley Nacional de Ejecución Penal garantiza a los organismos públicos de derechos humanos el acceso irrestricto a los centros penitenciarios y establece consecuencias para quienes obstaculicen sus funciones.
La Presidenta de la CEDHNL, Susana Méndez Arellano, advirtió que impedir la supervisión representa un riesgo que trasciende a la población penitenciaria, pues también puede afectar al personal de seguridad y custodia, así como a las familias que acuden de visita.
«No se puede prohibir el ingreso a quienes defendemos los derechos humanos, mucho menos cuando las personas están privadas de la libertad y el Estado tiene la obligación reforzada de garantizarles todos sus derechos, incluido el derecho a la salud», puntualizó.
La gravedad de estos hechos se dimensiona ante el contexto sanitario que prevalece en los centros penitenciarios del Estado. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, en agosto de 2026 había 34 personas privadas de la libertad con tuberculosis. Además, se reportaban 66 personas con VIH, 36 con hepatitis y 24 con sífilis.
A este panorama se suma el crecimiento de la población penitenciaria, que aumentó 11.27 % entre 2024 y 2025, de acuerdo con el Diagnóstico Estatal de Supervisión Penitenciaria elaborado por la CEDHNL.
El organismo ha documentado previamente graves deficiencias en la atención médica de esta población.

Mediante la Recomendación 12VG/2026 acreditó la muerte de seis personas privadas de la libertad con tuberculosis entre 2021 y 2023, asociada a diagnósticos tardíos, falta de aislamiento, insuficiencia de personal médico e interrupción de tratamientos.
Asimismo, la Recomendación 17/2026 documentó el suministro irregular de medicamentos y la falta de continuidad de los tratamientos médicos después de los traslados entre centros penitenciarios.

Ambas recomendaciones fueron rechazadas por las autoridades destinatarias.
La tuberculosis es una enfermedad infecciosa y contagiosa cuyo control representa un asunto prioritario de salud pública.

Su tratamiento requiere la administración diaria de medicamentos durante un periodo de cuatro a seis meses; interrumpirlo puede favorecer el desarrollo de cepas farmacorresistentes.
La Organización Panamericana de la Salud ha advertido que la incidencia de tuberculosis en las prisiones de las Américas es hasta 50 veces mayor que en la población general, con riesgos de transmisión que trascienden los muros penitenciarios y alcanzan al personal, a las familias visitantes y a la comunidad.
En este contexto, la supervisión de la CEDHNL constituye una garantía indispensable para las personas privadas de la libertad, quienes dependen del Estado para acceder a servicios de salud y recibir protección de su integridad, su vida y su dignidad.
Impedir esa labor no solo obstaculiza las funciones legales del organismo, sino que también afecta el derecho a defender los derechos humanos, reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un derecho autónomo.
Por estos hechos, la CEDHNL solicitó a la Fiscalía una investigación pronta y diligente, así como el reconocimiento de su calidad de parte ofendida, a fin de coadyuvar en el esclarecimiento de los hechos.
La Comisión Estatal reitera su respeto a la presunción de inocencia de las personas señaladas, confía en que la Fiscalía conducirá la investigación conforme a Derecho y mantendrá sus labores de supervisión en los centros penitenciarios de Nuevo León, en defensa de los derechos humanos de todas las personas privadas de la libertad.

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