Monterrey, NL
Mejora calificación general del Sistema Penitenciario de la entidad, sin embargo, CEDHNL emite 45 recomendaciones dirigidas a fortalecer las condiciones de internamiento y garantizar una reinserción social efectiva.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Nuevo León presentó el Diagnóstico Estatal de Supervisión Penitenciaria 2025, una evaluación elaborada desde un enfoque de derechos humanos, con el propósito de analizar las condiciones de internamiento y el funcionamiento de los Centros de Reinserción Social en Nuevo León.
La Presidenta del Organismo Susana Méndez Arellano explicó que se realizaron visitas de supervisión durante los meses de agosto y septiembre de 2025, entrevistas con autoridades penitenciarias y encuestas aplicadas a personas privadas de la libertad.
El análisis se desarrolló conforme a estándares nacionales e internacionales y contempla cinco ejes fundamentales: integridad personal, estancia digna, reinserción social, condiciones de gobernabilidad y atención a grupos de atención prioritaria.
De acuerdo con el diagnóstico, al momento de las visitas se encontraban alojadas 11,346 personas privadas de la libertad, de las cuales 604 eran mujeres y 10,742 hombres.
La capacidad instalada de los centros era de 11,444 espacios, lo que representa una ocupación del 99.1 por ciento.
Aunque técnicamente no se rebasa la capacidad total, la CEDHNL advirtió que la población penitenciaria aumentó 11.27 por ciento en comparación con 2024, lo que representa un reto importante para el sistema.
Entre los hallazgos relevantes, se identificó que el 39 por ciento de la población penitenciaria se encuentra entre los 26 y 35 años, es decir, se trata de una población mayoritariamente joven, en una etapa clave para los procesos de reinserción social.
Asimismo, el diagnóstico registra población perteneciente a grupos de atención prioritaria, entre ellos 6 madres que viven con sus hijas e hijos, 4 mujeres embarazadas, 367 personas con discapacidad, 85 personas indígenas, 1,776 personas con adicciones, 295 personas que se identifican como integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+ y 249 personas mayores.
La ombudsperson explicó que la mayor preocupación es el déficit de personal de seguridad y custodia, que en 2025 alcanzó el 56.5 por ciento, cifra que aumentó 3.39 por ciento respecto al año anterior.
La CEDHNL señaló que esta situación incide directamente en la seguridad, la gobernabilidad, la prevención de riesgos y la garantía de derechos dentro de los centros penitenciarios, pues incrementó el número de incidentes violentos, de 29 registrados en el 2024 a 54, en el 2025 lo que representa aproximadamente 86 por ciento.
En materia de reinserción social, el diagnóstico advierte que el 58.51 por ciento de las personas privadas de la libertad no participa en actividades laborales, mientras que únicamente el 39.14 por ciento recibió algún curso de capacitación para el trabajo.
Además, se identificó una disminución en el número de personas que participan en la industria penitenciaria, lo que representa un desafío para ampliar las oportunidades productivas y fortalecer las herramientas que permitan una reinserción efectiva.
En el eje educativo, la CEDHNL reconoció avances, al registrar que 1,903 personas participaron en actividades educativas durante 2025.
Sin embargo, 9,443 personas, equivalentes al 83.23 por ciento de la población penitenciaria, no participa, por lo que se consideró necesario identificar los obstáculos que impiden el acceso efectivo a la educación dentro de los centros.
Respecto a los servicios de salud, el diagnóstico subraya la necesidad de reforzar la atención médica oportuna, suficiente y continua, especialmente ante la presencia de personas con enfermedades infectocontagiosas y crónico-degenerativas. La Comisión reconoció el acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil que han contribuido a mejorar las condiciones, no obstante, dichos esfuerzos son insuficientes si el Estado no cumple con su obligación de garantizar este derecho.
Este organismo estima indispensable fortalecer las medidas adoptadas, a fin de garantizar una atención médica oportuna, adecuada y continua, que evite la repetición de los hechos que motivaron la Recomendación 12 VG.
El rechazo de tal resolución constituye un motivo adicional de preocupación, en tanto limita la posibilidad de reparar las violaciones acreditadas y adoptar medidas de no repetición.
En actividades deportivas, el diagnóstico reportó que 7,594 personas participan, es decir, el 66.93 por ciento de la población, durante 2025, lo que representa un aumento de 17.68 por ciento frente al año anterior.
No obstante, la CEDHNL señaló la importancia de analizar las causas por las que el 33.07 por ciento restante no participa y de realizar los ajustes necesarios para garantizar actividades accesibles, seguras y adecuadas para todas las personas.
La calificación general del sistema penitenciario estatal en 2025 fue de 7.20, superior a la registrada en 2024, que fue de 7.00. Por centro, el CERESO Femenil obtuvo una calificación de 7.79; el CERESO 1 Norte, 6.90; el CERESO 2 Norte, 7.05; y el CERESO 3 Oriente, 7.09.
Como resultado de la supervisión, la CEDHNL emitió 45 recomendaciones, de las cuales 3 son normativas, 32 operativas y 10 materiales, orientadas a fortalecer la reinserción social, mejorar las condiciones de internamiento y garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
Finalmente, la Presidenta de la CEDHNL, Susana Méndez Arellano reiteró que la supervisión penitenciaria busca proteger los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, de sus familias y de la sociedad en su conjunto.
Reconoció el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, y agradeció la presencia del Dr. Jesús Héctor Grijalva Tapia, asesor de Política Penitenciaria del Estado, única representación de alto nivel en materia penitenciaria durante la presentación del diagnóstico.